El miércoles, el gobierno anunció (y hasta el viernes no había concretado) la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para el periodo que se extiende entre el 5 y el 27 de diciembre. Los temas a tratar son reforma electoral y política, juicio en ausencia, ley antimafia, los viajes del Presidente y reforma de los fueros de la política. De ese modo, ratificó su decisión de no tratar el proyecto de Presupuesto 2025.
En una nota en The Economist, el presidente Javier Milei sostuvo que su “desprecio por el Estado es infinito”. Este viernes, en la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay, afirmó algo parecido: “Yo soy anarcocapitalista porque odio al Estado. El Estado es una asociación criminal violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos”. De modo similar, un diputado del PRO dijo hace unos días que el mejor Congreso es el que sanciona menos leyes. Desde la visión de la actual administración y sus aliados, el mejor Parlamento es el que no funciona.
Por vía del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, el gobierno retiró hace unos días del tratamiento en comisión el proyecto de Presupuesto 2025. Luego informó, a través de una comunicación de prensa, que la “ley de leyes” no se iba a tratar. Agregó que sólo en caso de acuerdos satisfactorios, el Presidente consideraría la posibilidad de incluirlo en extraordinarias, cosa que no sucedió.
El mensaje fue que si las y los diputados estuvieran dispuestos a firmar lo que el Ejecutivo mandó “sin cambiarle ni una coma”, como dio a entender el diputado Espert, no hubieran tenido problemas en incluir el tema en el listado de los habilitados para ser tratados. Así, el debate parlamentario es transformado en una formalidad. Sólo hay dos alternativas: o se aprueba el proyecto tal cual lo mandó el gobierno o, por el contrario, si el Parlamento pretende ejercer su derecho a debatir y modificar partidas y prioridades, el Poder Ejecutivo no lo incluye en Extraordinarias y se sigue con el Presupuesto prorrogado.
También en los últimos días apareció en las portadas de los principales medios la noticia de que el gobierno favoreció con el reparto de Aportes del Tesoro Nacional a los gobernadores cuyos diputados ayudaron a sostener el veto de la ley de financiamiento educativo. Por lo cual, se confirmó la discrecionalidad del gobierno: “si me apoyás en tal ley o evitás que caiga tal veto, te favorezco con recursos para tu provincia”. En noviembre, la actual administración distribuyó 20.500 millones de pesos entre algunas provincias donde sumaron diputados y diputadas que votaron a favor de los objetivos planteados por el gobierno nacional.
La aprobación de la “ley de leyes” es una facultad del Congreso, aun cuando el Presidente pueda vetarla. El proceso está bien establecido: el Poder Ejecutivo envía el proyecto y el Legislativo lo debate. Si no se cumple con esos pasos, las decisiones quedan exclusivamente en manos del Presidente y de su lapicera y todo se vuelve discrecional. No es posible reducir el rol del Congreso, minimizando su intervención, sus controles y límites, sin afectar directamente a la democracia.
Lo esencial a tener en cuenta es el enorme ajuste que se está implementando en el marco de la regla fiscal a la que se refirió el Presidente cuando presentó el proyecto de Presupuesto 2025. En aquella oportunidad, el primer mandatario afirmó: “Este proyecto de Presupuesto que estamos presentando tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado”. “La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar (…) Es decir, el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados neto del monto de intereses a pagar por la deuda”, agregó. “El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar”, sumó Milei.
A partir de esta modificación estructural en el modo de diseñar el proyecto de Presupuesto, la gestión gubernamental queda alojada en un espacio que estaría restringido por las decisiones preestablecidas. Hay una contradicción entre la pretensión de esta forma de diseñar el Presupuesto y la inversión en obras públicas, educación, salud, ciencia y tecnología o el envío de recursos a las provincias. Lo dice con toda claridad el Presidente: “le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave”. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, no somos hinchas del déficit fiscal pero sí somos enemigos del ajuste para resolverlo.
Nunca pasó que se prorrogue un Presupuesto dos años consecutivos. Entiendo que se parte de la idea de que es posible prorrogarlo de modo indefinido. El gobierno está explorando un camino desconocido.
El jueves un conjunto de organizaciones sindicales, sociales y políticas realizaron una jornada de protesta a escala nacional. En Buenos Aires se materializó en una movilización a Plaza de Mayo. Estuvieron, según informaron algunos medios, las dos CTA, en proceso de reunificación, junto a varios gremios integrantes de la CGT como el Smata, La Bancaria, la Federación Gráfica, el sindicato de los aceiteros y la UTEP, entre otros. También confluyó en la iniciativa el Frente Sindical Universitario que viene impulsando sus reclamos con distintas medidas de fuerza. Docentes, no docentes y estudiantes formaron parte de la convocatoria de la que también participaron los trabajadores de la economía social, las organizaciones de pequeñas y medianas empresas, representantes de jubilados y de entidades de derechos humanos, entre otras expresiones del amplio arco de sectores perjudicados por las políticas del gobierno de Milei. En esta perspectiva, si bien es importante la masividad, lo es más la diversidad de los sectores que se movilizaron.
El Parlamento y las calles son dos escenarios de un único proceso de debate y articulación de fuerzas. Ambas son instancias centrales de ejercicio de la democracia a las cuales el gobierno intenta interferir y achicar. Lo hace tratando de minimizar el accionar del Congreso y buscando, con la extrema visibilidad que le da a sus fuerzas represivas, desalentar la protesta social.
* Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario