El exjuez Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Neuquén por desestimar y cerrar investigaciones de secuestros y torturas.
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Escuelita VIII fue el octavo que se realizó en Neuquén por delitos de lesa humanidad.
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Dos funcionarios judiciales que actuaron durante la última dictadura (1976-1983) fueron condenados a 11 años de prisión este miércoles por delitos de lesa humanidad durante esa época. El juicio conocido como “Escuelita VIII” investigó 22 casos de desapariciones y torturas cometidas en el centro clandestino llamado de ese modo.
Los funcionarios condenados por el Tribunal Oral Federal de Neuquén fueron el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Ortiz. El tribunal integrado por María Paula Marisi, Alejandro Oliva y Sebastián Foglia consideró a Duarte partícipe necesario de secuestros y autor de omisión de persecución penal por desestimar denuncias de los familiares de las víctimas.
Por su parte, Ortiz, procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985, también fue condenado por coautor de omisión de persecución penal. Ortiz tenía una estrecha relación con Duarte que había comenzado mucho antes de los hechos por los que fueron condenados.
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El exjuez Pedro Laurentino Duarte fue condenado a 11 años de prisión por su colaboración en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983)
Duarte era miembro del Ejército y antes de ser designado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén el 2 de agosto de 1976, se había desempeñado como jefe de la sección Justicia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. Ortiz era secretario de ese juzgado cuando fue nombrado fiscal federal el 23 de septiembre de 1976.
Los cargos en contra de los funcionarios judiciales
El juicio fue el octavo que se realizó en Neuquén por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En este caso, se centró en el papel de Duarte y Ortiz en la represión desplegada en la provincia.
En particular, el juicio hizo foco en la desestimación sistemática de denuncias y habeas corpus presentadas por familiares de detenidos que nunca fueron investigadas. En total, fueron 21 personas.
En el caso de Duarte, además, fue imputado por prevaricato por cerrar investigaciones y dictar sobreseimientos basado en información falsa.