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La Revolución Ciudadana es denunciada por reparto irregular de cargos en la Asamblea

POLÍTICA

ADN acusa a Viviana Veloz de asignar puestos “a dedo” y sin procesos transparentes

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) denunció a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC). La acusan de repartir cargos legislativos “a dedo” como un “botín político”, siguiendo prácticas del correísmo.

Milton Aguas, legislador de ADN, pidió información a Veloz. Señaló que los concursos de méritos y oposición fueron encubiertos. Así, se designaron funcionarios sin cumplir los procedimientos legales. Esto viola la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). ADN denunció que, tras el feriado de Carnaval, se asignaron al menos 17 cargos provisionales. La meta es llegar a 80 antes de mayo. Esto se hizo sin informar al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que supervisa las decisiones administrativas.

“Está claro que, al estilo correísta, se usa la Asamblea para beneficiar a unos pocos y perpetuar la corrupción”, dijo Aguas. Añadió que algunos nombrados enfrentan procesos judiciales por delitos graves como asociación ilícita y tráfico de influencias.

| La Derecha Diario

ADN pidió detalles sobre los nombramientos hechos entre el 20 de febrero y el 7 de marzo. Exigieron los nombres, remuneraciones y los procesos de selección. También iniciarán acciones de fiscalización para aclarar este “atropello a la institucionalidad”. Asignar cargos sin concursos viola la LOFL. Para ADN, esto busca que la Revolución Ciudadana consolide poder en la Legislatura antes de las elecciones de 2025. Este caso agrava las tensiones entre ADN y RC.

Desde la renuncia de Henry Kronfle en 2024, la gestión correísta ha sido criticada por su opacidad y favoritismo. Veloz no ha respondido oficialmente. El tema se tratará en la próxima sesión del CAL, el 11 de marzo. Se espera que las aclaraciones definan el rumbo de esta polémica en el Legislativo.

La denuncia de ADN destaca la importancia de exigir procesos claros en las instituciones. Así se evita que el poder público beneficie intereses particulares y socave la legalidad.

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