El Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona anunció este lunes que se dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar.
A través de un comunicado, la cartera judicial aclaró que se tomó la decisión de auditar “debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
A su vez, adelantaron que para los casos que no corresponda haber abonado indemnizaciones el ministerio “perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente”.
Según precisó el ministerio a través de un comunicado, la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En esa causa, puntualizó la cartera de Cúneo Libarona, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional.
Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 22, 2024 A su vez, desde el Ministerio de Justicia sostienen que existen otras causas penales en trámite «por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido».
«El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan», aclararon.
Asimismo, indicaron que se «perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado«.
En campaña, la ahora vicepresidente Victoria Villarruel había dejado trascender su intención de impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que paga el Estado a las víctimas de la última dictadura militar.
Quienes en la actualidad pueden solicitar una reparación son, entre otros, las personas que sufrieron desaparición forzada, los familiares de fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado, y las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de ellos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas.
En diálogo con LN+, el ministro profundizó sobre las auditorias dispuestas. “Descubrimos distintos juicios con autos de procesamiento, confirmados por la Cámara, de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos, reclamaba y muchos casos, más de 100, percibieron más de 150 mil dólares en concepto de indemnización», contó.
Cúneo Libarona: «Hay mucho justo, pero muchísimo pecador”
Cúneo Libarona contó que cuando tomó conocimiento de estos fallos supuso que deben haber más juicios con irregularidades pagados y funcionarios públicos involucrados. “Cuando leo los fallos y veo la entidad digo, ‘acá debe haber muchísimas más juicios y muchísimos más involucrados”», contó.
En otros juicios, reveló Cúneo Libarona, descubrieron más maniobras fraudulentas contra el Estado. “Se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar; se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina, pero permanecieron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el periodo como si hubiesen estado detenidas en Argentina”, detalló.
Ademas, reveló que se reunió con la Cámara Contencioso Federal, donde tramitan estos juicios, para solicitarles que no los conminen a abonar las sumas hasta en tanto tengan los resultados de las auditorías. “No sabemos si es fraude o no”, justificó.
A su vez, explicó que aquellos juicios fraudulentos que ya se pagaron y cuyos beneficiarios ya introdujeron en el mercado los fondos percibidos “pueden estar cometiendo lavado de dinero porque tiene producto ilícito el origen de ese dinero”.
Por último, brindó datos duros sobre la cantidad de personas que percibieron indemnizaciones. “Al cierre del 2021 las indemnizaciones percibidas por familiares de desaparecidos son 7.996 casos y exiliados 14.400 casos”. Sobre éste último grupo dijo que hay “mucha trampa, de quien estuvo y quién no estuvo”.
“Tengo 350 juicios y se me viene cantidad de hijos de los exiliados, de los que nacieron afuera, y no nacieron como Tarzán en la selva, sino que nacieron en París, en Suecia o en Madrid y algunos no volvieron a Argentina y dicen ‘nosotros no pudimos tener nuestros lazos’. Ya tengo 350 en contra para pagar de 100 mil dólares cada uno y se me vienen más”, explicó.
Por último, el ministro dijo que hay “mucho justo, pero muchísimo pecador”. “Yo lo que quiero descubrir es la banda de pecadores”, concluyó.
DS