Tras la decisión del gobierno de oficializar, a través del decreto 236, la reducción de los aranceles de importación de productos textiles, del calzado, hilados y telas; las cámaras y los gremios de la actividad rechazaron la medida y evalúan acciones conjuntas “frente a medidas que atentan contra toda la cadena de valor, provocando un golpe muy fuerte a la producción y el empleo nacional”.
Explicaron que, ante el recorte de entre el 12 y el 18 por ciento de las tasas importadora, “todos estamos en el mismo barco, si el agua entra, nos hundimos juntos”, ya que entienden que esta decisión del Ejecutivo “implica un golpe directo a la línea de flotación de toda la cadena de valor que genera la actividad”.
La medida “desalienta la producción nacional” y afecta los sueldos
Mientras la secretaría de Industria y Comercio afirma que el objetivo es “alentar la competencia“, los empresarios plantearon que “la medida desalienta la producción nacional” y los sindicatos textiles, de vestimenta y del calzado aseguraron que “las consecuencias serán catastróficas, con más precarización laboral, mayor caída de los puestos de empleo y una continuidad en la pérdida del poder adquisitivo salarial”.
Desde las organizaciones gremiales gremios indicaron que este plan económico, “es similar al que puso en marcha la última dictadura militar, con Martínez de Hoz y Domingo Cavallo en los años ’90, que provocaron mayor informalidad, conflictividad laboral y descontento social”.
Asimismo, remarcaron que “está aniquilando el mercado interno, impidiendo el desarrollo nacional y disminuyendo fuertemente el poder de compra de los salarios”. Como ejemplo señalaron la “desconsideración a los parques industriales provinciales, llevando a las economías regionales a una supervivencia con muy bajo nivel de actividad y reglas poco claras, con el peligro de disminuir la capacidad productiva, concentrándose en muy pocas manos, lo que también implica un alto nivel de capacidad ociosa, sin inversión en mantenimiento ni generación de empleo”.
Activan una reunión con legisladores y visitas a los gobernadores
Más allá de algunas diferencias entre las cámaras patronales y los gremios (incluso con posturas variadas entre las propias empresas), fuentes de ambos sectores coincidieron en que el objetivo es instrumentar consensos, buscando comprometerse en ir al Congreso para que diputados y senadores debatan y fijen posición, con la posibilidad de acrecentar la protesta de toda la actividad con presentaciones y otras acciones conjuntas.
Voceros de la parte empresarial revelaron que “también está previsto que, a través de reuniones, se plantee la situación a los gobernadores, ya que esta problemática no solo afecta a quienes cuentan con fábricas en sus provincias, sino al conjunto de la sociedad por tratarse de una industria y por la pérdida de puestos de trabajo que afecta a toda la economía”.
Al respecto, el secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, apuntó que el sector ya vive una caída de la producción, que “provoca una reducción de horas laborales en los diferentes turnos de las empresas, con el peligro que se produzcan más suspensiones a trabajadores, sumado a achicamientos y cierres de fábricas, que significará un incremento de la pérdida de fuentes de empleo” y agregó que “el gobierno debe desistir de aplicar estas políticas, que alimentarán la creciente precarización laboral”.
Advirtió que “es mentira que más importaciones significarán una baja de la inflación y una mejora del consumo en el mercado interno, ya que, de esta manera se seguirá destruyendo el poder adquisitivo de la población” y explicó que “el desarrollo de la producción nacional y la creación de puestos de trabajo es el camino hacia el verdadero desarrollo de nuestro país”. Avisó además sobre el compromiso sindical de “defender la producción nacional y las conquistas laborales como garantía para sostener los puestos de empleo y el poder de compra salarial”.
Afirman que se favorece la competencia desleal de productos importados
En tanto, el secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), José Minaberrigaray expresó que “este plan del gobierno ya lo hemos vivido en otros momentos de la Argentina, repitiendo la historia con la destrucción de miles de puestos de trabajo y el quiebre de cientos de industrias”, en lo que se da en llamar un “industricidio”.
Explicó que la medida “favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan a nuestro país a precios irrisorios debido al dólar barato y a los costos laborales e impositivos que enfrentan en los países asiáticos donde se fabrican”.
En la reunión estuvieron presentes la AOT, SETIA, la Cámara del Calzado (CIC), la Fundación Pro-Tejer, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), la Unión de Cortadores de la Indumentaria (UCI) y la Cámara de Fabricantes de Medias y Afines (CAFAMA). Además, participó la Cámara Algodonera Argentina (CAA), la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la Federación Argentina de la Indumentaria y Afines (FAIIA), la Cámara de Industrias Textiles de Luján, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara Argentina de Bebés y Niños (CAIBYN) y la Cámara del Sweater, la Cámara Argentina de Productores de Toallas, la Cámara de las Industrias de Fibras Manufacturadas y Afines (CIFIMA).
También fueron de la partida la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria de Calzado (CAIPIC), la Cámara Argentina de Fabricantes de Avios e Insumos para la Confección y Marroquinería (CAFAICYM), la Cámara Argentina de Representantes y Fabricantes de Anilinas (CARFA), la Unión de las Industrias Riojanas, la Unión Industrial de Catamarca, la Unión Industrial de Tucumán, la Unión Industrial de San Juan, la Unión Industrial de Chaco, la Unión Industrial de Corrientes, la Unión Industrial de Tucumán, la Unión Industrial de Santiago del Estero, la Unión Industrial Regional Rosario y la Unión Industrial de General San Martín.