Ante la falta de definiciones del gobierno de Javier Milei, que había prometido eliminar el impuesto al cheque antes de 2027, la oposición insiste en coparticipar una parte del gravamen, a pedido de los gobernadores del Norte Grande.
El tema había sido motivo de debate en el Congreso, en el marco de la discusión por la ley Bases, pero finalmente el Gobierno no cedió a ese planteo y pateó para más adelante la discusión. Ahora esa pelea vuelve a reflotarse.
Gobernadores presionan a Javier Milei: piden coparticipar el impuesto al cheque
En las últimas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, había prometido —en una reunión con los integrantes de la Mesa de Enlace— que junto con la baja de derechos de exportación, impulsaría como próxima medida la eliminación del impuesto al cheque, que sería el próximo tributo que el gobierno planea suprimir.
Para la mayoría de los economistas se trata de un impuesto distorsivo, ya que por cada movimiento bancario descuenta un 1,2% en total y ocupa el quinto lugar entre los tributos que más aportan a las arcas del Estado.
A lo largo del tiempo, su peso fue creciendo en los balances de las empresas. Incluso, algunas veces tiene un peso superior a Ganancias. Por eso, su continuidad preocupa a muchas compañías.
La gestión libertaria había prometido eliminarlo antes de diciembre de 2027, cuando termina su vigencia y, si bien ha dado indicios de que debe dejar de descontarse, aún no hay señales de que esto finalmente ocurra.
Según trascendió, una de las posibilidades es que en el corto plazo analiza que se tome en un 100% como pago a cuenta de Impuesto a las Ganancias, para reducir su peso en el bolsillo del contribuyente, pero aún no hay decisión tomada en este sentido.
¿Qué le exige la oposición al Gobierno?
El proyecto de la diputada salteña, Pamela Calletti, plantea la necesidad de modificar la “Ley de Competitividad”, que creó un impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria.
La modificación consiste en la incorporación a la masa coparticipable del 25% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, necesidad que tiene antecedentes desde el año 2023.
A través del proyecto, la diputada de Innovación Federal —bloque que responde a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalaqua, de Salta, Gustavo Sáez, y de Río Negro, Alberto Weretilnek—, propone que el 75% de este impuesto se destine a la ANSES y el 25% a las provincias.
Según la diputada, lo que se busca es “compensar fiscalmente a las provincias, debido a la reducción de los recursos coparticipables que trae aparejada la modificación de diversas normativas que aún hoy no logran equilibrar los ingresos debidos a las provincias”.
El proyecto forma parte del planteo de los gobernadores que conforman el Norte Grande, quienes habían solicitado en una carta publicada en setiembre de 2023 que se incluyan esos importes en el proyecto de ley de Presupuesto nacional del año 2024. Finalmente y con el cambio de gobierno eso no ocurrió.
Los mandatarios provinciales buscan compensar fiscalmente a sus distritos, tras la merma de los recursos coparticipables que trajo aparejada la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría y la reducción de IVA.
¿Qué es el impuesto al cheque y quién lo creó?
El impuesto al Cheque fue creado en 2001 por el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Se trata de un impuesto que constituye un aporte el 12% de la recaudación tributaria, por eso hay resistencias en el equipo económico sobre su total supresión.
Este gravamen no se limita solo a los movimientos bancarios, sino que fue producto de otra de las muchas crisis económicas vividas en Argentina y no tiene sustento teórico de impuesto. Por ese motivo debería funcionar como un adelanto, para que luego ARCA lo permita descontar contra los tributos que sí son auténticos.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), contemplado en la Ley Bases (27.742), también otorga la posibilidad de que el impuesto al Cheque retenido por los bancos pueda ser computado íntegramente cono pago a cuenta de Ganancias, discriminando a esas empresas con las demás que no lo pueden deducir.
Pero como ocurre en todos los demás tributos, es solo un beneficio ilusorio provocado por la falta de reconocimiento de la inflación, ya que la tasa efectiva que se computa como pago a cuenta es notoriamente inferior a la nominal que se encuentra escrita en las letras de las leyes impositivas.
Se trata de otra consecuencia de la falta de reconocimiento pleno de la inflación en los impuestos, que ayudó y ayuda a la recaudación impositiva.
Todavía no hay precisiones sobre las condiciones de estas posibles modificaciones ni cuáles son los otros gravámenes que también estarían en la mira del gobierno.
Luego de bajar de forma temporaria las retenciones al campo, la gestión de Milei y del propio Caputo enfrentan el reto de avanzar contra uno de los tributos de mayor relevancia en la recaudación del Estado sin poner en riesgo el superávit fiscal, uno de los principales pilares de su gestión.