Los problemas financieros de la Argentina no se terminarán con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que, si bien la reanudación del programa permitirá destrabar un desembolso de US$ 3.300 millones, es difícil que haya fondos nuevos y tampoco está claro si habrá un adelanto de dólares («frontloading»), como el que obtuvieron Martín Guzmán y Sergio Massa en su momento.
De esa manera, sin divisas suficientes para pagar importaciones y vencimientos de deuda, la escasez de reservas y las presiones sobre el dólar seguirán siendo un punto sensible con el FMI. Por ello, será clave la meta de acumulación de reservas que acuerde este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, con la misión del organismo que se encuentra desde el viernes en Argentina.
«Se mantiene todo dentro del mismo programa, pueden cambiar metas, pero no habrá fondos nuevos», dijo una fuente de diálogo fluido con el gobierno. Caputo propuso un ajuste fiscal de 5 puntos para alcanzar el superávit en 2024, una meta superior al 0,9% de déficit primario acordado con el FMI. La incógnita es cómo hará para cerrar con reservas positivas y mantener bajo control el dólar.
Este año, hay que pagar US$ 7.700 millones y los desembolsos pendientes cubren solo US$ 6.600 millones. En lo inmediato, el ministro busca un «puente» de dólares hasta el ingreso de la cosecha en abril. Para evitar el default, le pagó al Fondo en diciembre con un préstamo de la CAF, pateó para fines de enero compromisos con el organismo por US$ 1.950 millones y colocó deuda al Banco Central.
En 2023, la autoridad monetaria cerró con reservas netas negativas por US$ 9.000 millones, por debajo de la meta comprometida, que preveía sumar US$ 1.300 millones respecto de diciembre de 2021. En el primer mes de gestión de Javier Milei, el BCRA acumuló unos US$ 3.500 millones, pero el ritmo de compras empezó a reducirse a partir de enero, sin superar la situación de fragilidad.
En ese marco, el Gobierno canceló este lunes el pago de US$ 1.600 millones a los bonistas por la deuda reestructurada en 2020, lo que impactó en las reservas. Lo hizo con divisas de las exportaciones posteriores a la devaluación en diciembre y por la postergación de pagos de importaciones, una canilla que empezará abrirse la semana próxima con el acceso al 25% de los dólares oficiales aprobados.
«El año pasado tuviste déficit externo, este año va a haber superávit, el nivel dependerá de la cosecha y la recesión, el flujo disponible puede ir a regularizar deuda con importadores, pagar dividendos, acumular reservas, pagar deuda externa, tendrán que encontrar un equilibrio porque la cosecha no alcanza para levantar todos los muertos», dijo Daniel Artana, economista jefe de FIEL.
Caputo también busca ganar tiempo con la emisión de bonos en dólares (Bopreal) para cancelar deuda con importadores por US$ 60.000 millones. El BCRA les ofrece un acceso futuro a los dólares oficiales y paga un interés, sin dilapidar reservas ahora. Si bien las primeras subastas fueron magras, la clavé serán las próximas antes del 31 de enero, cuando vence la exención del impuesto PAIS.
Otro interrogante es la estrategia cambiaria: con un dólar oficial corriendo al 2% mensual, muy por debajo de una inflación que en enero sería del 20%, el Gobierno intenta utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, pero crecen las expectativas de otra devaluación por la erosión del tipo de cambio real y la mayor brecha cambiaria, lo que quita incentivos para liquidar divisas.
«Si el gobierno quiere mantener un tipo de cambio real de entre 15% y 20% por encima del momento del acuerdo con el FMI, deberá instrumentar un segundo salto cambiario«, advirtió la consultora Suramericana. El riesgo de esta alternativa es una mayor aceleración de la inflación, que ya se verá presionada por el aumento de tarifas en los servicios públicos previstos a partir de febrero.
La negociación con el FMI se demoró por las dudas en Estados Unidos -el principal accionista del organismo- sobre el apoyo político al plan de ajuste y las reformas económicas. El capítulo laboral del DNU sigue trabado por amparos judiciales y este miércoles la CGT ratificó el paro anunciado para el 24 de enero en rechazo al decreto, mientras el Congreso recién empezó a debatir la ley ómnibus.
En ese contexto, Caputo busca retomar la séptima revisión del programa, que quedó inconclusa en noviembre por el incumplimiento de todas las metas firmadas por la gestión de Alberto Fernández en 2022. El Fondo, por otra parte, podría extender el plazo del acuerdo, que vence en septiembre de 2024. Eso le permitiría seguir monitoreando de cerca a su principal deudor.