Uno de los desafíos más incómodos para los operadores judiciales es el de disponer de la muchas veces exuberante muestra de propiedades, vehículos y objetos descubiertos en manos de funcionarios y empresarios acusados por corrupción o de narcotraficantes investigados en la justicia, que en el marco de procesos penales son decomisados. ¿Cómo hacer para que la sociedad pueda «recuperar» ese patrimonio utilizando esos bienes? ¿Existe el riesgo de que una eventual absolución de los imputados provoque reclamos y juicios por el uso de esos bienes? ¿Hay que dejarlos abandonados hasta que el tiempo y el desuso los vuelve inútiles?
Una entidad civil viene trabajando en esas respuestas, y esta semana logró presentar su idea con un inusual apoyo de legisladores de casi todas las fuerzas políticas, magistrados federales de varias instancias, organizaciones sociales y religiosas.
Este jueves se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados, elaborado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco del proyecto “Bien Restituido”. De aprobarse esa propuesta en el Congreso, brindaría una posibilidad real de administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados y decomisados para fines sociales.
Los diputados Pamela Calletti (Innovación Federal), Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) y Carlos Gonzalez D’Alessandro (La Libertad Avanza), en la presentación del Proyecto Bien Restituido.La iniciativa fue impulsada por “Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, un proyecto financiado por la delegación de la Unión Europea en Argentina e implementado por Libera (Italia), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Círculo Giuridico di Argentina, que busca que activos, como autos, barcos, casas, campos, aviones, que han sido instrumento, producto y provecho de actividades delictivas complejas puedan ser reutilizados con fines sociales.
Además de esas organizaciones, en la elaboración de la propuesta de ley trabajaron jueces y fiscales, y acompañaron su presentación más de 50 organizaciones sociales.
Actualmente, los bienes incautados en los procesos penales son administrados, en su mayoría, por el Poder Judicial. Pero el sistema está funcionando de manera deficiente, lo que termina perjudicando los intereses de la sociedad.
Se estima que los activos que tiene hoy la justicia argentina en sus manos están valuados como mínimo en 100.000 millones de pesos. En su gran mayoría, se están deteriorando y perdiendo no sólo valor económico (con el perjuicio patrimonial que eso supone para el Estado), sino también simbólico.
Además, no existen criterios objetivos para determinar cómo utilizar este instituto en los diferentes juzgados y tribunales. Por último, la información sobre estos bienes es incompleta y se encuentra en manos de distintos organismos, por lo que resulta difícil conocer cuántos están en poder del Estado y su valor, lo que a su vez obstaculiza su reutilización.
El juez federal Sebastián Casanello, en la presentación del Proyecto Bien Restituido.
Una agencia para administrar los bienes recuperados
El proyecto de ley presentado esta semana propone transparentar la cantidad y la gestión de los activos recuperados al crimen organizado, desarrollar programas estatales o gestionados por organizaciones sociales con los recursos recuperados, garantizar el cuidado de esos bienes para preservar su valor -tanto para el Estado como para las personas involucradas en los procesos judiciales- y poner a cargo de una agencia autosustentada y especializada la gestión y administración de estos activos.
El proyecto, cuyo tratamiento en Diputados debería iniciarse en la Comisión de Legislación Penal, plantea la creación de un proceso más eficiente de gestión de esos bienes, generando herramientas adecuadas para la lucha contra el crimen organizado y permitiendo que lo que se le quitó a la comunidad pueda volver a ella.
En el acto, estuvieron presentes Luciano Ojea Quintana (CARITAS), Silvia Arn (ACIERA), Federico Pinto, de Hogares de Cristo; Facundo Ribeiro, en representación de los Curas Villeros; Susana Medina, Presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas; Andres Basso, Presidente de la Asociación de Magistrados; Marcelo Duffy, Presidente de la Asociación de Jueces Fefderales, Susana Pernas, vicepresidenta de la AFFUN.
También asistieron el ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, el titular y el vice de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci y Manuel Tessio; el Director de Gestión Interna y Habilitación de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Romero; el diputado nacional Fernando Iglesias, la Consejera de la Magistratura Alejadnra Provítola; el Secretario de Relaciones Institucionales de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel; la Directora de Justicia de FUNDAR, Johanna Cristallo; el secretario general del gremio de los Judiciales, Julio Piumato; el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez; y el fiscal federal Marcelo Colombo.