El Gobierno argentino repudió los dichos del presidente venezolano, que acusó a Gallo de poner en riesgo la seguridad de la vicepresidenta de su país
07/01/2025 – 18:44hs
El Gobierno argentino rechazó categóricamente las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro contra el gendarme Nahuel Agustín Gallo, detenido en ese país desde el 8 de diciembre. Lo hizo mediante un comunicado difundido por la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Según Maduro, Gallo habría intentado poner en riesgo la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusaciones que el Gobierno argentino considera “totalmente falsas” y “sin ninguna base probatoria”.
El Gobierno argentino rechazó las acusaciones de Nicolás Maduro
En el comunicado, las autoridades argentinas destacaron que Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los requisitos migratorios establecidos, “presentando su documentación, notificando su domicilio y siguiendo todos los protocolos correspondientes antes de su viaje”. “No se ha encontrado evidencia que respalde las acusaciones en su contra”, indicó el texto, agregando que las acusaciones “carecen de fundamento” y que el Gobierno las considera un intento de “desviar la atención de la grave crisis” que atraviesa el régimen de Nicolás Maduro.
El Ejecutivo argentino exigió, una vez más, la “liberación inmediata e incondicional” de Gallo, exigiendo que se garantice su “integridad física y psíquica”, además de asegurarse del pleno respeto a sus derechos humanos conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países.
Además, el comunicado hace referencia al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha documentado las “graves irregularidades cometidas por el régimen de Maduro”, en particular el uso del aparato estatal como herramienta de control político y social. Se denuncian también los esfuerzos del régimen para obstaculizar a la oposición democrática, representada por figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
El Estado argentino condenó estos atropellos y llamó a la comunidad internacional a “repudiar enérgicamente estos actos”, que violan los principios del derecho internacional. Asimismo, reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región, y destacó que seguirá impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos internacionales competentes para que el régimen de Maduro sea responsabilizado por las “violaciones sistemáticas de los derechos humanos” y el abuso de poder.
El Gobierno argentino subrayó su firme propósito de que estas violaciones sean “debidamente investigadas y sancionadas”, reafirmando su apoyo a los esfuerzos democráticos y a la oposición legítima venezolana.
La CIDH pidió a Venezuela que “proteja la integridad” del gendarme argentino
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Agustín Gallo.
Según el texto de la CIDH, Gallo “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
El organismo le pidió a Venezuela que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria” y, en particular, que informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino”.
A su vez, solicitó precisiones si Gallo fue presentado “a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos” e indique “de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal” o “las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha”.
También que le permitan la “comunicación del beneficiario con su familia y representantes legales de confianza, dándoles acceso pleno a su expediente penal” si existe.
Para finalizar, la CIDH le pidió al Ejecutivo venezolano para que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.