Eduardo Belliboni fue enviado a juicio oral por extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo y defraudar al Estado por el desmanejo de fondos públicos. En paralelo, se llamó a indagatoria a facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades de cajón.
El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación y dispuso que el líder del Polo Obrero y otras 17 personas pasen a la etapa de juicio oral por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Ahora se deberá sortear el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que intervendrá en el caso.
El magistrado tomó una decisión luego de que tanto el fiscal, Gerardo Pollicita, como los organismos querellantes solicitaran la elevación a juicio. También se habían expresado las defensas de los dirigentes del Polo Obrero.
“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, había dicho el fiscal federal Gerardo Pollicita en su dictamen en el que pidió que Belliboni vaya a juicio oral como “jefe” de esa organización.
Entre las empresas en la mira está Coxtex (catalogada por la AFIP como una firma apócrifa), a la que el PO asegura haberle comprado computadoras. La compañía fue fundada por Pichuaga y Vega, dos personas a las que les pagaron sumas de dinero para firmar el acta de constitución. El cerebro de esta firma era Leandro Kebleris, que actualmente sigue siendo investigado por la Justicia.
Asimismo, se informó que las empresas que se usaron para desviar los fondos también está la imprenta del Polo Obrero, Ediciones e Impresiones Rumbos. Además, Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini fueron otras firmas utilizadas para la maniobra.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, en el comienzo del gobierno de Javier Milei. El Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para hacer denuncias anónimas si las personas que integraban organizaciones sociales eran obligadas a participar de la marcha del 20 de diciembre para recordar los crímenes ocurridos ese día del 2001 en la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.
Hubo llamados y el gobierno hizo una denuncia en Comodoro Py que fue investigada por Pollicita y Casanello. En el caso se obtuvo el testimonio como testigos protegidos de cinco personas. Además fueron allanadas la sede del Polo Obrero y otros domicilios donde se secuestraron cuadernos, computadoras y otra documentación.
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