En medio de la tensión por el recorte del presupuesto universitario, el gobierno de Javier Milei desestima los controles realizados por la Auditoria General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso de la Nación y no al Ejecutivo, e insiste en la idea de meterse en las auditorias, a pesar de que se estaría «violando la autonomía universitaria».
«Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR«, apuntó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
A través de un posteo en sus redes sociales, que fue reposteado por Milei, el funcionario nacional destacó: «La fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior».
En una de las respuestas realizadas en la red social, Álvarez indicó: «Estamos armando un área de fiscalización y auditoría que NO EXISTÍA».
Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras @JMilei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a AUDITAR, la fiscalización del gasto en las universidades esta en la ley de Educación Superior. pic.twitter.com/EZufqYPRuc
— Alejandro Alvarez (h.) (@AleCiroAlvarez) April 20, 2024 «Tienen de rehenes a los alumnos y los van a usar para defenderse, tenemos que cuidar a los alumnos y a los docentes que dan clases», agregó.
En diálogo con Clarín, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, explicó que «no es posible» que el Gobierno realice una auditoría a las universidades nacionales porque «las audita la AGN, que reporta al Congreso de la Nación y no al Poder Ejecutivo».
Con las auditorías como el caballito de batalla del Gobierno, en medio de una pelea con las autoridades universitarias por el ajuste que están llevando adelante en el sector, desde la secretaría de Educación de la Nación, que conduce Carlos Torrendell, detallaron a este diario que se reunirán con el Consejo Interuniversitario Nacional el próximo 30 de abril, en un encuentro donde se abordará el financiamiento de las casas de estudio.
Fuentes de la subsecretaría de Políticas Universitarias precisaron que la agenda del encuentro incluye «el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las Universidades». Además, se oficializará el cronograma de pagos a Hospitales Universitarios.
El encuentro se realizará una semana después de la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo el próximo 23 de abril, desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, para reclamar por la falta de fondos.
El Gobierno anunció un acuerdo con las universidades públicas
Con la Universidad de Buenos Aires en «modo ahorro», con facultades que apagan las luces y limitan el uso de ascensores para gastar menos electricidad, por el congelamiento del presupuesto a valores de 2023, el Gobierno anunció este jueves que se acordó un aumento para el sistema universitario y habló de «una propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional».
«Se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales», indicó el Ejecutivo en un comunicado.
Los «gastos de funcionamiento» en las universidades nacionales representan apenas el 10 por ciento de su presupuesto total, contra un resto de mayoría en sueldos. A esa fracción presupuestaria es a la que el Gobierno le otorgó un segunda actualización.
Luego de un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas de la UBA, que este jueves mantuvo interrumpido el tránsito en la avenida Córdoba, el Gobierno dispuso «una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.actualizó otra partida, esta en carácter excepcional».
En tanto, por el lado de los rectores denuncian que el acuerdo nunca existió sino que sólo fue una propuesta. Es que se enviará la mitad de los fondos que las universidades reclaman. Además, acusan al anuncio oficial de intentar frenar la marcha nacional convocada para el martes por las propias facultades en apoyo a la UBA.
«No se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno», indicó el CIN en un comunicado, además de aclarar que la marcha del próximo martes sigue vigente.