La evolución de la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez que el Estado nacional otorgó en lo que va del siglo 21 haría pensar que la Argentina atravesó una guerra civil, o una guerra con otro país o una catástrofe natural de niveles nunca antes vistos.
Esta prestación le corresponde a las personas que acrediten una incapacidad o una disminución del 76% o más en su capacidad laboral y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Dicha condición se acreditará mediante la presentación de Certificado Médico Oficial y la evaluación que haga la Agencia Nacional de Discapacidad.
El crecimiento de la pobreza y la indigencia no alcanzaría, en principio, para explicar el fenómeno de las pensiones por invalidez: en 2001 percibían este beneficio 74.333 personas. Hoy, según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, ya son 1.215.548 los beneficiarios. Un aumento, punta a punta, del 1.535% en 23 años. En el mismo período, la población total de la Argentina creció apenas un 26%. Si las pensiones crecían a la par de la población, hoy deberían estar en menos de 95.000.
En pleno plan de ajuste del gasto, el Gobierno del presidente Javier Milei puso la lupa sobre el tema. No es para menos: esta prestación insumió pagos (que también pasaron por la licuadora) por 296.319 millones de pesos en el primer trimestre de 2024, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). Aunque esta cifra no incluye el bono de $ 70.000 que cobraron estos beneficiarios.
En los últimos años, el pago de las pensiones por invalidez -equivalentes al 70% de la jubilación mínima más eventualmente, un bono- absorbió cerca de medio punto del PBI.
Lo concreto, hoy, es que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está intentando avanzar con una auditoría total de estas pensiones y, en base a las primeras evidencias, no descartan además acudir a la Justicia, ante las crecientes sospechas de fraude que involucraría a funcionarios nacionales y provinciales, médicos y hastas gremialistas. Se quiere revisar cómo se gasta una cifra que, estiman los funcionarios, equivaldría este año a 2.200 millones de dólares.
Cómo empezó todo
Una modificación normativa que data de 2003 -mandato del ex presidente Néstor Kirchner- dio pie al incremento exponencial de las pensiones por invalidez. Hasta ese año existía un cupo, por el cual cualquier alta en el registro de pensiones por invalidez sólo podía darse cuando se daba de baja un beneficiario. En 2003 se eliminó la restricción. Y comenzó el crecimiento vertiginoso de beneficiarios.
Estas cifras en ascenso vertical llevaron en 2016 al gobierno del ex presidente Mauricio Macri a revisar ese universo de beneficiarios. La auditoría fue abortada inmediatamente por denuncias de quite de beneficios a quiénes sí lo merecían.
De todos modos, sí se puede observar que entre 2016 y 2019 el stock de beneficiarios se mantuvo estable, aunque vuelve a dar un salto a partir de 2020, durante el mandato de Alberto Fernández.
El informe de la ANDIS
Un informe preliminar elaborado por las actuales autoridades de la ANDIS -que conduce Diego Spagnuolo- y al que accedió Clarín señala que “hasta ahora se concluyó que el sistema, además de ser muy complicado de auditar, es altamente vulnerable al fraude, con escasos o nulas barreras de control y seguridad. Los procesos y estructuras estuvieron diseñados para el negociado político, para ser vulnerables e incontrolables. Hay decenas de regulaciones que se contradicen o complementan unas con otras.”
El documento describe que “en Argentina reciben pensión por invalidez o incapacidad laboral 1.215.548 personas. Este tipo de ayuda se destina a un grupo de personas que se encuentra pensionado específicamente por invalidez total y permanente, es decir, que por su condición, no pueden insertarse en el mercado laboral.”
Y agrega: “El total de beneficiarios implica que 2,6% del total de la población tiene invalidez laboral, o el 5% de la población económicamente activa lo es El costo total de estas pensiones este año sería de aproximadamente 2.200 millones de dólares”.
El informe concluye que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 25% de los beneficiarios de este tipo de pensión. “Cobra por invalidez laboral casi el 2% de toda la población bonaerense. Según los datos oficiales en Chaco existe una incapacidad laboral de casi el 9%, en Santiago del Estero del 8%. En Formosa es de 7%.”
Con esos datos en la mano, la ANDIS realizó operativos en Chaco y Santiago del Estero. A partir de los primeros números se realizaron trabajos de campo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Taco Pozo, Chaco. Relevaron 575 casos en Santiago del Estero y 488 casos en Chaco. Concluyeron que aproximadamente al 90% de los beneficiarios no les corresponde, es decir que no tenían un 76 por ciento de incapacidad laboral para recibir la pensión no contributiva por invalidez.”
Funcionarios de este gobierno y de anteriores, en diálogo con Clarín, reconocieron que durante mucho tiempo fue bastante fácil acceder a este beneficio, naturalmente si se tenía un mínimo contacto con punteros barriales y referentes de la política de cada provincia.
Pero además, es vox pópuli que resultaba muy simple acceder al certificado médico que acredite el porcentaje de discapacidad laboral exigido por la normativa. “Hay centros médicos en varias provincias donde, pagando, se consigue el certificado”.
Como dice el informe de ANDIS, llaman la atención los casos de las provincias de Corrientes; Misiones; Formosa; Santiago del Estero y Chaco, donde el porcentaje de beneficiarios en relación a la población más triplica el promedio nacional.
Con el certificado firmado, el aspirante a cobrar el beneficio -ayudado siempre por el puntero político- inicia la carpeta, que llega a la sede de la ANDIS en Buenos Aires. Un dato no menor. En la modalidad de parcelamiento del Estado, la ANDIS está bajo el dominio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Dada la plata que se mueve en pensiones, es posible mirar a la ANDIS como una “caja” más que apetecible. Además, el puntero político es el primero que se entera que se aprobó la pensión: información valiosa para recibir a cambio, por ejemplo, el voto del beneficiario.
La comparación con otros países
El informe denominado “Mapa de las políticas sociales en la Argentina” que realizaron en forma conjunta en 2021 la fundación Fund Ar y el Centro de Investigación y Acción Social que conduce el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga también advirtió sobre sobre el fenómeno de las pensiones por invalidez.
“Ciertamente parte de este aumento se debe a la eliminación del cupo que existía hasta 2003. Es importante destacar que el crecimiento exponencial en el número de beneficiarios, así como también la distribución geográfica de los beneficios, es llamativo. La comparación con otros países de la región puede resultar de utilidad en este sentido. El porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que reciben pensiones no contributivas por invalidez en países demográficamente comparables, la Argentina se destaca por el porcentaje significativamente más alto de personas discapacitadas que reciben una pensión no contributiva por invalidez, en comparación con el resto de los países. Argentina quintuplica a Chile en el porcentaje de discapacitados cubiertos por una pensión por invalidez, más que duplica a Uruguay y duplica al Brasil”
Y sobre el peso de las pensiones por invalidez en el presupuesto, alertan: “Si solo miramos las pensiones no contributivas por invalidez, el Estado argentino invierte prácticamente lo mismo en prestaciones por discapacidad que en las asignaciones no contributivas para niños/as pobres más importantes: la AUH y la asignación por embarazo.”
El circuito de las pensiones por invalidez podría mirarse, también, como una forma más de hacer negocios con la pobreza.