El exvicepresidente, Álvaro García Linera, desató polémica al sugerir que el Gobierno debería “agarrar del cuello” a los empresarios para que repatrien sus dólares. Según sus declaraciones, las grandes empresas exportadoras concentran la mayoría de las divisas y las mantienen en el exterior. Propuso obligarlas a entregar su dinero al Estado o, en su defecto, expropiar sus negocios.
Estas afirmaciones han causado reacciones de rechazo en el sector privado y la oposición. García Linera señaló que el Estado tenía mayor control sobre la economía en el pasado. “Si no hay otra respuesta a la falta de dólares, entonces hay que apretar a los exportadores“, señaló.
Destacó que en 2006 el gobierno manejaba el 50% de las exportaciones. Ahora, con solo el 25%, considera que la regulación estatal se ha debilitado y propuso recuperar ese control para estabilizar la moneda.
El exvicepresidente justificó su postura con datos sobre exportaciones. Dijo que 25 empresas concentran el 70% de las ventas al exterior. Aseguró que estas firmas retienen el 90% de sus divisas en el extranjero y considera que estas prácticas afectan la estabilidad económica del país.
Las declaraciones de García Linera desataron una fuerte polémica. Diversos sectores criticaron sus afirmaciones y sugerencias. Empresarios y políticos opositores rechazaron la idea de expropiaciones, también advirtieron que este tipo de medidas dañarían la inversión y el empleo.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, criticó la postura de García Linera. “Se dice ‘académico’ y piensa como autoritario. Ya conocemos sus teorías disfrazadas de audacia: miseria, crisis y desempleo“, afirmó.
Otros empresarios y economistas también han manifestado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas coercitivas contra las empresas privadas, afectando la inversión y la estabilidad económica.
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Por su parte, la expresidenta Jeanine Áñez reaccionó con dureza. Aseguró que García Linera es responsable de implementar políticas que llevaron al estancamiento económico y lo acusó de haber participado en actos de corrupción.
“El ladrón cree que todos son de su condición“, escribió en sus redes sociales. Además, recordó que la nacionalización de empresas en su gobierno resultó en demandas internacionales que el país tuvo que pagar con millones de dólares.
Branko Marinkovic también se pronunció al respecto. Consideró a García Linera una amenaza para la economía y cuestionó sus declaraciones evidentemente autoritarias. Aseguró que su visión comunista solo traerá más crisis.
“Es una persona nefasta para la economía boliviana, siempre amenazando al empresariado privado“, afirmó el excívico cruceño. Denunció que en Bolivia no hay un verdadero mercado libre y que las políticas estatales desincentivan la inversión y la producción.
Desde el sector industrial también hubo reacciones. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), alertó sobre el impacto de estas ideas y dijo que ya han causado daños. Mencionó la crisis del gas y el declive de YPFB como ejemplos.
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El régimen, por su parte, defendió la necesidad de regular la economía. Aseguró que busca soluciones para evitar un ajuste al gasto público. Sin embargo, no se pronunció directamente sobre la propuesta de expropiaciones.
Los empresarios insisten en que la solución está en generar confianza. Piden seguridad jurídica y condiciones favorables para la inversión. Advierten que medidas extremas solo generarán incertidumbre, porque la economía necesita estabilidad y reglas claras.
Analistas económicos también dieron su opinión. Algunos consideran que el problema es el gasto estatal. Aseguran que la solución pasa por reducir el déficit fiscal, otros creen que se necesita una política cambiaria más flexible.
El contexto internacional también influye enormemente en la crisis. La caída de ingresos por exportaciones ocasionada por el modelo socialista afecta la disponibilidad de dólares. La falta de inversiones complica la situación, el país enfrenta un desafío económico complejo.
García Linera, sin embargo, defendió descaradamente su postura y argumentó que el Estado debe asumir un papel más activo en la regulación económica. “No podemos dejar la economía en manos del mercado”, afirmó.
Así mismo, explicó que en tiempos de crisis, el gobierno debe tomar decisiones drásticas para proteger a la mayoría de la población. Según su visón colectivista, el ajuste económico tradicional solo favorece a los grandes empresarios y perjudica a la población trabajadora.
Las declaraciones de García Linera reflejan una nefasta visión política. La población lo acusa de querer fortalecer un modelo obsoleto que ha ocasionado la crisis en el país. Las soluciones para la crisis deben considerar el impacto de los veinte años del masismo en el Gobierno.