En la Ciudad de Buenos Aires, el 98% de las personas afectadas por la falta de pago de cuotas alimentarias son mujeres, de las cuales el 68% vive por debajo de la línea de pobreza. En un intento para que la situación cambie, y los derechos de niñas, niños y adolescentes sean garantizados, la legislatura porteña aprobó un dictamen que busca fortalecer el Registro Público de Alimentantes Morosos. El cambio amplía las herramientas legales para facilitar el cobro de las deudas, y que el sistema sea más eficiente y justo.
“La reforma no busca atacar los ingresos de los deudores, sino que apunta a sus gastos, priorizando las necesidades de los hijos frente a gastos superfluos como actividades recreativas. Así como hacer solidariamente responsables a empleadores que oculten a deudores”, explicó Inés Parry, quien preside la Comisión de Justicia de la Legislatura.
“Los cambios a la ley son buenos porque acortan los plazos para entrar en mora, lo que permite acortar los tiempos procesales y porque le damos más herramientas al ejecutivo para que genere más concientización. Además, que quienes deban las cuotas pasen un poquito de vergüenza, si es que tienen…, dado que no podrán entran a la cancha o a eventos culturales pagos”, dice Parry a Clarín.
El Registro de Deudores Alimentarios fue creado por ley (N°269) hace 25 años. Una de las propuestas es que cambien su nombre a Registro Público de Alimentantes Morosos, que estará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia de la Ciudad. El registro llevará un listado de las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario. Ahora son tres cuotas.
Funciones principales del Registro
El Registro mantendrá un listado actualizado de los deudores alimentarios y podrá dar certificados gratuitos para informar si una persona está registrada como deudora. También organizará actividades como talleres, charlas y campañas para educar sobre los derechos alimentarios y la importancia de su cumplimiento.
La inscripción o baja en el Registro solo se realizará por orden judicial. Las personas registradas tendrán restricciones específicas, como la imposibilidad de obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte del Gobierno de la Ciudad. También se restringirá su acceso a ciertos beneficios como planes de pago, quitas o financiaciones.
En el ámbito laboral y electoral, se requerirá la presentación de un certificado de no inclusión en el Registro. Esto aplicará a proveedores estatales, postulantes a cargos electivos o judiciales, y nuevos empleados del Gobierno de la Ciudad.
En casos de operaciones notariales que involucren a deudores alimentarios, los escribanos deberán comunicarlo al Registro y al juzgado interviniente. La transacción no se completará hasta que se regularice la situación.
Sin partidos ni recitales
Las personas incluidas en el Registro tendrán prohibido el ingreso a estadios de fútbol para eventos organizados por la AFA, FIFA o CONMEBOL en la Ciudad. En eventos masivos de más de 5,000 asistentes, los organizadores podrán impedir el ingreso de deudores alimentarios, siempre que exista un convenio previo con el Gobierno de la Ciudad para obtener la información y realizar campañas de concientización.
Quienes sean responsables solidarios del pago de alimentos también podrán ser inscritos en el Registro si incumplen una orden judicial. Por ejemplo, el empleador debe avisar, sino también será considerado responsable.
Se espera que el tema sea tratado en la última sesión de la Legislatura de este año, que será el próximo jueves 12.