La cita de este lunes en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, prevista desde las 10 de la mañana, involucra a representantes de 41 prepagas además de las dos partes actoras en nombre del Gobierno: la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Industria y Comercio.
La participación de última hora de la dependencia del Ministerio de Economía, aceptada por el juez Juan Rafael Stinco el viernes por la noche, sorprendió a algunas prepagas -según pudo saber Clarín-, mientras que otras lo consideraron “razonable”. Comercio pidió su integración al encuentro al considerar que lo que se resuelva en la audiencia podría afectar la acción por ‘cartelización’ que lleva esa repartición por cuerda separada.
Lo inusual de la convocatoria y la relevancia de la audiencia en ciernes, que tiene pendiente a buena parte de la opinión pública, hizo que en el Juzgado siguieran trabajando durante el fin de semana, despachando escritos presentados por algunos demandados hasta este domingo por la noche, en la víspera de un lunes posiblemente largo.
La pregunta de los protagonistas en la previa de la reunión en el Juzgado 3 -que a contrapelo de la virtualidad corriente se decidió que sea presencial- era sobre la dinámica que tendría este debate que se presume complejo. Todas las empresas parecen tener algo para decir y los matices entre unas y otras en cuanto a su capacidad financiera no serían menores.
Como se recordará, cuando el juez Stinco decidió suspender el plazo original que tenían las prepagas para presentar sus planes de devolución (que se hubiera cumplido el 20 de mayo), lo justificó por la cantidad de apelaciones sobre ese punto que había recibido tras es fallo del 3 de mayo. Este lunes, entonces, es precisamente el momento de escuchar esos reclamos.
Pablo Lavigne (derecha), titular de la Secretaría de Comercio, que prohibió a las prepagas reunirse tras la acusación de ‘cartelización’.Hay un motivo clave, una restricción, que al menos oficialmente todas las prepagas aseguran estar respetando: no hubo reuniones ni consultas entre las empresas desde que la Secretaría de Comercio así lo dispuso cuando comenzó su avanzada por supuesta ‘cartelización’.
Esa desconexión, según cuentan las mismas empresas, hace que la llegada a la audiencia con Stinco sea sin un consenso previo que permita avanzar más rápidamente en el trámite, a fin de que el juez pueda dictar su fallo en el menor tiempo posible y sin dilaciones.
Ese déficit de consenso se traduce incluso en que ni siquiera haya claridad en si la decisión es tratar de buscar un acuerdo de devolución del dinero lo más sustentable posible en función de la cantidad de cuotas que se establezca, o si habrá resistencia empresaria a la medida judicial por considerarla injustificada.
Dentro de este escenario de falta de diálogo y entendimiento entre pares, el interlocutor más representativo -al menos en lo formal- es Hugo Magonza, que además de director general del CEMIC es el flamante presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), tras la renuncia de Claudio Belocopitt.
Magonza le dijo a Clarín que “no hay un acuerdo previo entre las prepagas porque es imposible reunirse. Parece una locura no poder ponerse de acuerdo antes de una audiencia a la que van a ir 41 posturas distintas”.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud: «No hubo ‘cartelización’, sino una acción prudente del sector».El directivo de la UAS planteó su estrategia con una postura de máxima y otra de mínima: “El arranque de nuestro planteo es que nosotros tenemos argumentos para demostrar que lo que ocurrió no sólo no fue una acción ‘cartelizada’, sino que fue una acción prudente del sector de no aumentar todo lo que tenía que aumentar, de ir haciéndolo de forma progresiva”.
Magonza agregó: “Nuestros números con respecto a los costos de salud versus la inflación general son indiscutibles. Ahora, más allá de eso, en una reunión con un juez que nos llama para una audiencia de este tipo uno argumenta y lo más probable es que nos contraargumenten de otra manera, y están también la Superintendencia y la Secretaría de Comercio que darán sus propias opiniones. Que tengamos la verdad no quiere decir que no terminemos haciendo algún acuerdo”.
Finalmente, Magonza consideró: “Seguramente habrá diferentes posturas y si se puede llegaremos a un acuerdo”. Sobre la propuesta de la SSS de que la devolución del dinero a los afiliados se haga en siete cuotas, el referente del sector dijo que “muchas prepagas no pueden pagar en ese plazo, más allá de que no deberían devolver nada”.
Rechazo a una asociación de consumidores
En las últimas horas previas a la audiencia, además del pedido de participación de la Secretaría de Comercio, aceptado por el juez, hubo otra presentación de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) para poder presentarse bajo la figura de litisconsorte (persona que litiga por la misma causa o interés que otra).
El argumento fue que se trata de una de las asociaciones de consumidores que más demandas colectivas contra las prepagas realizó -tras la liberación de precios que permitió el DNU 70-, con un total de 17 acciones, y que los derechos de muchos de los afiliados que representan estarán en juego en la audiencia de este lunes.
Las prepagas convocadas a la audiencia, según la SSS, representan el 99 por ciento de los afiliados del país.El juez Stinco no hizo lugar en este caso al reclamo. Gabriel Martínez Medrano, abogado de ADDUC, le dijo a Clarín: “Nos negaron la participación. El juez no quiere resolver si estamos en presencia de un juicio colectivo o de otra cosa que no sabe bien qué es”.
La lista de prepagas convocadas a la audiencia de hoy está integrada por OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.
A esas primeras 23 empresas incluidas en el expediente se sumaron la semana pasada otras 18: International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, COBENSIL, MEDIN S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Femedica, Asistencia Sanitaria Integra. S.A., Bristol Medicine, Asociación Civil de Estudios Superiores, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Todavía es una incógnita que pasará con las decenas de prepagas pequeñas que por ahora no han sido incluidas en la cautelar, lo que concita la preocupación de sus afiliados. Mientras desde una cámara que agrupa a algunas de esas empresas dijeron a este medio que respetarán igual, voluntariamente, lo que se decida tras la audiencia, hay otras compañías que -según testimonios de afiliados- se considerarían ajenas a todo imperativo legal, con libertad para seguir avanzando por el carril del desamparo.
PS