Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, ha decidido llevar su caso a la Justicia para recuperar la jubilación de privilegio que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene suspendida.
Esta situación se originó tras la ratificación de su condena por corrupción en la causa Vialidad, lo que llevó al gobierno nacional a tomar la decisión de dar de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner en noviembre de 2024.
La decisión de suspender la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución Nº 1.092/2024. Según el Ministerio de Capital Humano, esta medida no constituye una sanción accesoria a la condena penal, sino una consecuencia necesaria debido a la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta.
Cristina Kirchner, a través de su apoderado Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso administrativo de nulidad ante la ANSES para volver a cobrar su jubilación de privilegio y la pensión de su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
En su recurso, Fernández Pastor argumentó que la decisión de la ANSES viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y reclamó los haberes retenidos y los intereses acumulados.
La defensa de Cristina Kirchner sostiene que la ANSES no tiene la potestad legal para dar de baja un beneficio de este tipo y califica la actitud del Poder Ejecutivo como un acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo.
Pensión
Además, la ex presidenta ha expresado en varias ocasiones que la pensión de los ex presidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación. El caso de Cristina Kirchner ha generado un intenso debate en la sociedad argentina.
Por un lado, sus seguidores argumentan que la suspensión de su jubilación de privilegio es un acto injusto y arbitrario, mientras que sus detractores consideran que es una medida justa y necesaria dada su condena por corrupción.
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