Desde que Javier Milei ganó la segunda vuelta electoral con los votos prestados del PRO, lo que le permitió alcanzar el 56%, no ha cesado de advertir, a través de sus representantes mediáticos, que venían tiempos muy duros y de gran dolor para los “argentinos de bien”. Sin embargo, aseguraron que no serían ellos quienes pagarían el ajuste, sino la “casta”.
El 12 de diciembre de 2023, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una depreciación del 118% de la moneda nacional, llevando el tipo de cambio de $360 a $800, y la liberación de precios a través del DNU 70/2023. Estas medidas provocaron un incremento generalizado en los precios relativos de la economía, disparando la inflación al 25.5% en diciembre, cuando en noviembre había sido del 12.8%. Simultáneamente, se anunció la paralización de la obra pública en todo el país, lo que generó una ola de suspensiones, despidos y recortes. Esto afectó inicialmente a cerca de 120,000 obreros de la construcción, mientras que también comenzaron a implementarse ajustes en la administración pública nacional. Un caso emblemático fue el desmantelamiento parcial de Trenes Argentinos S.A., donde se denunció nepotismo al designarse familiares y allegados del entorno del presidente en varios cargos clave.
La combinación de estas medidas dio inicio a una debacle económica que se reflejó en una caída interanual de los principales indicadores de actividad económica, como la industria y la construcción. Durante 2024, estas actividades acumularon descensos del -12% y -16%, respectivamente, y se proyecta una caída del PBI para todo el año cercana al -4%/-5% en términos reales. Este escenario ha derivado en una recesión severa, que para fin de año se transformó en una depresión económica sin señales de mejora. El esbozo del Presupuesto 2025 no incluye incentivos claros a la producción ni al consumo, lo que profundiza la crisis.
La pobreza también registró un crecimiento preocupante, alcanzando el 49.9% según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este aumento es comparable al acumulado en los cuatro años de gestión de Alberto Fernández y a la mitad del incremento de la pobreza durante el período de Mauricio Macri (2016-2019). Además, desde la campaña presidencial y hasta ahora, el gobierno nunca ha priorizado términos como “producción”, “fábricas” o “industria”. Esto confirma, como señala la UIA, que no existe un interés real en fortalecer la producción industrial.
Los datos económicos evidencian una caída del consumo, un aumento de la capacidad ociosa y retrocesos de hasta el -15% en sectores clave, regresando a los niveles del final del mandato de Mauricio Macri. Los trabajadores en blanco continúan siendo pobres, como ocurrió entre 2016 y 2019, y la situación se agrava aún más. Mientras tanto, sectores de clase media han descendido a la pobreza o la clase baja, y muchos han agotado sus ahorros, quedando vulnerables frente a emergencias.
En términos de inflación, el acumulado anual a octubre de 2024 alcanzó el 107%, y se espera que noviembre y diciembre superen esos valores, impulsados por el aumento de productos básicos como la carne, que subió un 12% en noviembre y se estima que incrementará un 20% en diciembre. Paradójicamente, en una economía en depresión, lo esperable sería una deflación mensual (inflación negativa), como ocurrió entre 1998 y 2001. Sin embargo, en este contexto, un 3% mensual equivale prácticamente a una hiperinflación. A esto se suma la urgencia del gobierno por conseguir un nuevo préstamo del FMI, que ya anticipó que no lo aprobará antes de marzo de 2025 y que, además, el monto solicitado no cubrirá el déficit de reservas del BCRA, estimado en -10 mil millones de dólares para fin de año.
En resumen, si ante los mismos problemas se aplican las mismas soluciones con los mismos actores, los resultados no cambiarán. El sacrificio al que ha sido sometido el pueblo parece inútil y sin perspectivas de éxito. Por último, la legitimidad de ciertas medidas está siendo cuestionada por casos de corrupción, como el del senador Kueider, acusado de intentar ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares de origen sospechoso, lo que pone en jaque la aprobación de iniciativas clave como el Paquete Fiscal.